La derecha y la hegemonía neoliberal en el Perú

Autor: 
Nicolás Lynch

En el Perú se vive un panorama de contraste con el resto de América Latina. Los últimos 25 años han sido un período de construcción de una hegemonía neoliberal que ha sido más bien erosionada en el resto de la región. Una hegemonía, además, que ha tenido la capacidad de destruir, neutralizar y/o cooptar a la oposición tanto social como política, teniendo como resultado la construcción de un bastión reaccionario, donde se reúnen las derechas de otros países y se mira al resto de la región como un “espacio de reconquista” para estas oligarquías en decadencia. Es el virreinato de Abascal, uno de los últimos grandes virreyes españoles, redivivo, que niega la posibilidad de la independencia de la región.

Uno de los elementos claves de esta hegemonía neoliberal es el ideológico y tiene que ver con los sucesos que dieron origen a este período.

En el Perú esto se expresa en la división de la Izquierda Unida, la guerra sucia que termina con Sendero Luminoso y el fracaso del primer gobierno de Alan García. La Izquierda Unida fue un frente de partidos de izquierda que expresaba una importante organización de movimientos sociales ocurrida en los 20 años anteriores y cuya debacle a la par que cerró un ciclo pretendió borrar una memoria de organización de la sociedad. Sendero Luminoso fue un grupo que desarrolló acciones armadas de carácter terrorista entre 1980 y 1994 y estas acciones motivaron como respuesta un terrorismo de Estado cuyas consecuencias, por acción y reacción, pesan hasta hoy contra cualquier reclamo social o planteamiento alternativo. El fracaso del primer gobierno de Alan García en un despeñadero de hiperinflación, que lleva a que la economía neoliberal y el ajuste permanente se presenten como los únicos caminos posibles de política económica.

La hegemonía neoliberal se construye entonces sobre la tábula rasa del período anterior y ello le da una vitalidad que no imaginamos desde la banda progresista. Es inaugurada además por un doble hecho surgido de lo anterior y que la refuerza: el triunfo sorpresivo de Alberto Fujimori –el outsider de la época- en las elecciones generales de 1990 y el autogolpe del mismo en abril de 1992. Elecciones y golpe de Estado dejan al resto de fuerzas inexistentes políticamente y en clara minoría social. De esta manera, la hegemonía empieza a construirse en dictadura lo que les permite a una coalición reaccionaria compuesta mayoritariamente por poderes fácticos: militares, grandes empresarios, tecnócratas, organismos financieros internacionales y la tutela de los Estados Unidos, hacerse no solo del gobierno sino del poder del Estado. La consecuencia es la captura del Estado por personal que viene de la empresa privada y los organismos de seguridad y está formado ideológicamente en los principios del neoliberalismo, poniendo especial cuidado en la mantención de su hegemonía. Esta captura persiste hasta el día de hoy y es uno de los elementos que ha permitido mantener continuidad en la dominación sobre la sociedad.

Además, esta hegemonía se construye sobre una nueva base material. Se produjo un ajuste económico en 1990 y se da un conjunto de legislación que transforma la economía entre 1990 y 1992. En resumen, se privatiza, concentra y reprimariza la economía; llevándola a que sea controlada por una docena de empresas, principalmente extranjeras, y asentadas en los negocios minero, gasífero y financiero.

Con esta captura se constituye el Estado Neoliberal con sus características de orden político excluyente, reeditando el patrimonialismo (la no distinción entre el bolsillo privado y el tesoro público) que nos ha acompañado en toda nuestra historia republicana anterior. Aloja asimismo a la república criolla como un orden institucional que se caracteriza por la debilidad de su comunidad ciudadana y de su Estado de Derecho, protagonizando de nuevo la frustración democrática republicana.

Pero esta hegemonía además se continúa construyendo en democracia. Luego de la caída y huida del Perú de Fujimori y de la captura de Vladimiro Montesinos, se da paso a una transición que regresa a un régimen democrático inscrito en el orden conservador, de democracia limitada, de la década de 1980 y en su institucionalidad en el respeto a la constitución reaccionaria, producto del golpe de Estado, que Fujimori le hace aprobar a un Congreso ad hoc en 1993. Esta democracia se parece más a la “democracia barata” que los norteamericanos vendieron en América Latina para salir de las dictaduras militares de las décadas de 1970 y 1980 que a una verdadera democracia representativa. La realidad de este régimen político está en la gramática de su nacimiento, se trata de una democracia regida por la constitución de un régimen autoritario. Lo curioso es que esta democracia limitada, a la postre de minorías, se da en América Latina en los últimos quince años en contraste con el desarrollo de democracias mayoritarias, que se establecen producto del giro a la izquierda ocurrido en un número importante de países de la región. Paradójicamente todos los países de América Latina se llaman democráticos pero, al menos, existen dos formas distintas de entender la democracia.

El funcionamiento de esta democracia, sin embargo, ha estado marcado por la frustración de la población. Los gobernantes no cumplen lo que prometen y criminalizan crecientemente la protesta social. Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala; han sido elegidos con plataformas de campaña que iban del centro a la izquierda del espectro político y han gobernado, abiertamente, con la derecha. Es más, no han dudado en reprimir a la población, muertos incluidos, cuando esta ha mostrado su disconformidad. 10 años de crecimiento, entre el 2003 y el 2013, a una tasa promedio del 6% anual del PBI, han doblado su volumen, pero no han beneficiado sino a una extrema minoría. Los resultados en términos de trabajo son magros, solo el 12% de la PEA (2013) tiene un trabajo con derechos en el Perú de hoy y la informalidad laboral alcanza al 78% de la población. Sin embargo, el modelo aumenta la circulación de dinero, produce ingresos eventuales y genera un crecimiento de la economía delictiva (narcotráfico, trata de personas, minería y tala ilegal y el lavado de dinero consecuente) que llega al 6% del PBI. Todo esto ha producido, en un país pobre y de pobres como el Perú, una ilusión en vastos sectores de la población entre los que se ha desarrollado una ideología “cuentapropista” promovida desde arriba, con el cuento del “emprendedurismo”, que ha ayudado a borrar de la memoria colectiva los beneficios de la organización social anterior, haciendo difícil y a veces muy difícil la organización de visiones alternativas en la población.

Un hecho que ha agudizado la frustración de la población con la democracia ha sido la traición de Ollanta Humala. Una vez más los gobernantes no cumplen lo que prometen como candidatos. Ya había ocurrido con Fujimori en 1990 y había sucedido en menor medida con Toledo y García. Pero el viraje de Ollanta Humala fue de 180 grados, de crítica frontal al neoliberalismo a aceptación de la continuidad neoliberal. Fue el fracaso de un caudillismo militar postrero, una vez más entregado a la oligarquía, que no tuvo un movimiento social y político capaz de pedirle cuentas por sus acciones. Sin embargo, esta traición ha profundizado la desconfianza de la población en el sistema político como una vía para producir cambios y afianzando momentáneamente la hegemonía neoliberal.

La crisis, sin embargo, que nada más fue crisis en las alturas en los años de auge neoliberal, crisis del “quítate tú pa ponerme yo”, ha empezado a tener ribetes de magnitud distinta en el último año. El detonante ha sido la crisis económica, como una crisis de modelo económico. La crisis de una forma de crecimiento basado en un modelo primario exportador, de gas y minerales, que sigue los ciclos de expansión y retracción de la economía mundial. Del promedio de la década de auge de 6% del PBI, hemos pasado al 2,8% el 2014 y bajando.

La crisis económica ha causado una agudización de la crisis en las alturas pero ha incidido también en una revitalización del movimiento social. Uno de los grandes triunfos de la hegemonía liberal ha sido en estos años la ausencia del movimiento social, tanto por el dominio ideológico como por la represión abierta, criminalizando crecientemente las movilizaciones de protesta, paradójicamente por gobiernos democráticos, entre el 2003 y el 2014. La movilización, sin embargo, a pesar de hacerse más frecuente en los últimos meses, como acciones colectivas esporádicas sobre distintos temas desconectadas territorialmente, todavía no logra convertirse en movimientos sociales permanentes que representen un desafío al poder de turno. Un buen augurio es el movimiento juvenil (ocurrido entre diciembre 2014 y enero 2015) contra la llamada “ley Pulpín” , una ley aprobada en el Congreso de la República, que recortaba derechos a los jóvenes como una forma de incorporarlos al mercado de trabajo. Cinco movilizaciones nacionales, convocadas al principio de manera espontánea y luego con mayor organización, lograron que el Congreso se reuniera en vacaciones y derogara dicha ley.

La agudización de la crisis en las alturas, sin embargo, ha revelado dos cuestiones muy importantes que dejan en claro cómo esta hegemonía se ha convertido en gobernabilidad neoliberal. Me refiero a la captura del Estado por parte de los intereses privados y a los grados extremos de corrupción que se ha llegado en el manejo del mismo. Por primera vez en los últimos quince años de democracia ha quedado muy claro el nivel de captura del Estado por parte de los intereses privados. No es sólo un tema de lobby en un determinado sector o para una determinada ley, sino la captura física, poniendo a su personal a manejar las áreas del Estado que prioritariamente les interesan. Esta situación de captura hace muy clara la característica excluyente, de un Estado que defiende determinados intereses sociales en desmedro de otros.

Pero, esta captura no solo se ha convertido en manejo directo sino también corrupto del aparato estatal. Se ha querido hacer aparecer como que la corrupción es un asunto local y regional, desarrollándose al efecto una labor policial y judicial muchas veces cierta y otras motivada políticamente. Sin embrago, los mayores escándalos de corrupción, cada ves más difíciles de tapar, tienen su origen en el poder central. Específicamente, los últimos cuatro presidentes de la república (con la excepción del breve interinato de Valentín Paniagua) están o presos, como es el caso de Alberto Fujimori por ladrón y asesino, o con graves acusaciones en su contra como son los casos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Captura del Estado y corrupción al más alto nivel abonan así a un agudo desprestigio del poder político, específicamente del Estado como un Estado de todos.

Esta crisis, a pesar de sus limitaciones, deja en claro la grave quiebra de la representación política en el Perú. El gobierno de los ricos con la ilusión sino el apoyo de los pobres podría estarse terminando. Ello pone sobre la mesa, una vez más, la necesidad de una nueva representación política. Más que en las elecciones de 2006 y 2011, en las que desde el caudillo contestatario que fue Ollanta Humala cuestionó la hegemonía neoliberal, en la actualidad hay una base material de deterioro, con el final de un ciclo de expansión de la exportación de materias primas. Ello pone a la orden del día la posibilidad de que la sociedad movilizada tenga una expresión política y se pueda constituir una alternativa ante estas múltiples crisis.