Pronunciamiento: MINAGRI pretende aprobar norma que promueve la criminalidad ambiental

Como se ha denunciado a través de la opinión pública y la prensa, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) pretende aprobar un nuevo Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agricultura y Riego. En él se establece una moratoria de 2 años para convalidar las actividades agroindustriales de empresas que no cuentan con certificación ambiental, precisamente, por haber incumplido con la normatividad ambiental y forestal. Se les pretende eximir de su responsabilidad administrativa y penal, sin considerar los procesos en curso en los que se ha evidenciado la comisión de infracciones y delitos.

Estos son los casos, por ejemplo, de las empresas Tamshi S.A.C. (Tamshiyacu), Ocho Sur P. S.A.C. (fundo Zanja Seca) y Ocho Sur U. S.A.C. (fundo Tibecocha). Todas ellas carecen de certificación ambiental y vienen siendo investigadas por el Ministerio Público y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Incluso, en el caso de Tamshiyacu, el exgerente de la empresa (antes Cacao del Perú Norte S.A.C.) ha sido condenado por el Poder Judicial a 8 años de prisión por la venta ilegal de productos maderables y obstrucción a la justicia. A la empresa, a su vez, se le ordenó pagar una reparación de más de 15 millones de soles. Las empresas del grupo Ocho Sur en Ucayali, igualmente, vienen siendo investigadas por formar parte de una organización criminal que promueve el tráfico de tierras para cultivar palma aceitera en bosques arrasados.

La norma que pretende aprobar el MINAGRI contiene graves vicios de inconstitucionalidad y anticonvencionalidad. Para empezar, porque viola el principio fundamental irretroactividad de las normas, al pretender regular hechos ocurridos antes de que entre en vigencia el eventual reglamento e incluso anteriores al 15 de noviembre de 2012. También se lesiona el principio no regresión ambiental, en la medida en que el nuevo Reglamento de Gestión Ambiental introduce un conjunto de reglas que reducen manifiestamente de los estándares de protección del medio ambiente.

Por otro lado, se convalida actos delictivos en contra de los defensores indígenas y ambientales de la Amazonía, lo cual riñe con su derecho a la tutela judicial efectiva y las obligaciones internacionales del Estado en materia de protección a las personas defensoras de derechos humanos. Estas se encuentran reconocidas en los artículos 66, 67 y 68 de la Constitución y en la Opinión Consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativas a la protección del medio ambiente y la optimización de la justicia ambiental. Tratándose de afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por último, el MINAGRI debe someter cualquier propuesta a consulta previa, libre e informada, de conformidad con la Ley de Consulta Previa y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así, además, lo han solicitado FECONAU, ORAU y la Confederación Nacional Agraria a través de peticiones formales.

La aprobación de una moratoria de 2 años para ‘legalizar’ actividades empresariales criminales, en el contexto como el actual, solo contribuirá a exacerbar la violencia contra los pueblos indígenas, agricultores locales y defensores ambientales, poniendo en riesgo sus vidas, y sus medios de vida que dependen de los bosques.

Este tipo de prácticas irregulares no son nuevas en el MINAGRI y evidencian un problema cotidiano de corrupción. Ya en 2019, el Poder Judicial condenó a Ricardo Gutiérrez Quiroz, exdirector de la Dirección de Gestión de Asuntos Ambientales Agrarios, por el delito de responsabilidad funcional e información falsa, en la modalidad de otorgamiento ilegal de derechos en agravio del Estado.

Es en dicho contexto que consideramos altamente preocupante la designación de Jorge Meléndez Celis en el cargo de asesor del despacho ministerial del MINAGRI. Es importante recordar que el exgobernador regional de Loreto ha sido vinculado a la organización criminal “Los Cumaleros del Oriente”, investigada por tráfico ilegal de madera. El hecho de que hoy acceda a una alta posición en el MINAGRI muestra un claro conflicto de interés y una amenaza para el desarrollo sostenible en Amazonía.

En virtud de lo señalado, alertamos a las autoridades del Ejecutivo, el Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República, y la Defensoría del Pueblo sobre las implicancias jurídicas y sociales que puede generar la aprobación de esta norma, en particular por la violación de las obligaciones del Estado en materia de protección de los derechos humanos y el medio ambiente. También a la comunidad internacional, incluyendo a las delegaciones diplomáticas en el Perú, a fin de que sancionen aquellas prácticas corporativas de empresas vinculadas a la deforestación y la criminalidad organizada que promueven la destrucción de la Amazonía.

Lima, 30 de octubre de 2020

Instituto de Defensa Legal – IDL

Kené – Instituto de Estudios Forestales y Ambientales

Organización Regional AIDESEP de Ucayali – ORAU

Federación de Comunidades Nativas de Ucayali – FECONAU

Environmental Investigation Agency – EIA

Oxfam Perú

Comité de Defensa del Agua de Iquitos

Proética – Capítulo Peruano de Tranparencia Internacional

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